Cantabria pierde la “batalla” del fracking en el TC, pero mantendrá la guerra

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Sede del Tribunal Constitucional
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Apenas un año después de su aprobación, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la ley cántabra que prohibió el uso del “fracking” en la región, una decisión que, para la administración autonómica, supone haber perdido una “batalla”, pero no la guerra, que va a continuar.

El pleno del TC ha adoptado su decisión este martes y ha dado la razón al Estado, que fue quien recurrió la norma alegando que Cantabria había invadido competencias del Gobierno central.

Para los partidos de la oposición (PRC y PSOE), lo sucedido pone de relieve que la ley cántabra -aprobada con su apoyo- no fue más que un “ardid”, un “brindis al sol” y un “lavado de cara” del PP regional para salir al paso de la contestación ciudadana.

Además, reprochan a los populares que no hayan defendido la prohibición del “fracking” en las Cortes Generales que, a su juicio, es donde deben hacerlo.Otras voces, como las de Izquierda Unida o la Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Cantabria sostienen, en cambio, que la única vía que queda ahora para evitar el “fracking” en la comunidad es la movilización.

Cantabria fue, en abril de 2013, la primera comunidad autónoma que aprobó una ley para impedir el uso de la fractura hidráulica en su territorio, que contó con el apoyo unánime del Parlamento regional (PP, PRC y PSOE), pese a las dudas que suscitaba ya a la oposición por su posible colisión con competencias estatales.La administración central planteó inmediatamente sus discrepancias y, tras varios meses de negociación infructuosa con la comunidad autónoma, la recurrió ante el Tribunal Constitucional.Ahora, en un plazo sorprendentemente rápido para algunos, el TC ha resuelto a favor del Estado y ha concluido que Cantabria invadió competencias del Gobierno central.

La sentencia no valora si el uso de esta técnica es o no adecuado. Lo que dice es que la ordenación del sector energético y, del subsector gasístico, es una competencia exclusiva del Estado y Cantabria la ha invadido.El TC considera que la norma cántabra choca con la ley estatal que autoriza el empleo de la fractura hidráulica en España -que se aprobó meses después que la cántabra-.Reconoce que las comunidades autónomas pueden legislar en materia ambiental para defender sus intereses, pero dice que ha de ser “respetando siempre las bases establecidas por el Estado”.

Y según dice, Cantabria no se ha limitado a fijar las “peculiaridades que estime convenientes” dentro de su marco competencial, sino que ha acordado una prohibición “absoluta e incondicionada” que entra “en conflicto” con la legislación básica.

A la vista de este fallo, el consejero cántabro de Medio Ambiente, Javier Fernández, piensa que “se cierra una puerta, pero se abre una ventana”.A su juicio, al rechazarse la prohibición “absoluta y genérica” del “fracking” en la comunidad, lo que corresponde es el análisis “caso a caso” de cada permiso.Por ello, Cantabria responderá con cambios legales para dotarse de una normativa lo “más restrictiva posible” que evite que pueda llegar a utilizarse la fractura hidráulica en su territorio. En esta tarea, Fernández ha pedido la adhesión de los ayuntamientos, que -afirma- hoy son los únicos que podrían “abrir” la puerta al “fracking” con modificaciones del planeamiento.

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ya ha reiterado la oposición del municipio a esta técnica y ha confiado en que el Gobierno encuentre “vías de escape” al fallo del Constitucional.

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