Cs se desmarca del dictamen contra la venta de pisos aprobado por AM y PSOE

0
198
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, 6 abr (EFE).- Ahora Madrid y el PSOE han aprobado hoy el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación sobre la venta de viviendas públicas durante el mandato de Ana Botella con la abstención de Ciudadanos, grupo que sí apoyó en septiembre de 2016 las conclusiones contra la operación “ilegal” del PP.

 

Tanto el PSOE como Ahora Madrid han afeado hoy a Ciudadanos su cambio de posición “y de portavoz” respecto a lo pactado en la comisión de investigación primigenia, en la que no participó el PP, y que se creó nuevamente tras ser anulada por los tribunales, en tanto que el PP ha agradecido “el más que razonable” cambio de posición de la formación de Begoña Villacís.

Con los votos del PSOE y Ahora Madrid, la comisión ha aprobado su dictamen sobre la operación de venta de 1.860 pisos protegidos por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión, que concluye que la venta incumplió la legalidad y la función básica de la EMVS y no tiene justificación objetiva.

La sesión de este viernes se celebra en cumplimiento de un acuerdo de Pleno tras la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Madrid de anular la anterior comisión, de 2016, cuyos trabajos se dieron por buenos por parte de los grupos, que acordaron no citar a declarar a nuevos comparecientes.

El dictamen de Ahora Madrid y el PSOE -que ha contado con la abstención de Cs y el voto en contra del PP- considera que las arcas municipales habían perdido 162 millones de euros al vender por debajo de su valor 1.800 viviendas sociales, una operación donde la Comunidad de Madrid fue “colaboradora necesaria”.

Tanto el PP como Ciudadanos han presentado sendos escritos de conclusiones que no han resultado aprobados y se mantendrán para su debate plenario.

El dictamen aprobado, pactado por el PSOE y AM, pide la reprobación plenaria del equipo que permitió la enajenación, así como emprender acciones legales contra la venta, querellarse contra los anteriores responsables de la EMVS y declarar la nulidad de la venta, un procedimiento que el Ayuntamiento de Madrid ya ha iniciado y que está ahora en manos de la Comunidad.

Las conclusiones recogen también que aquella operación impidió el desarrollo del “fin social” de la empresa municipal y que la situación económica de la empresa fue consecuencia de “continuados años de mala gestión”, en los que la EMVS fue “un mecanismo de financiación de la política municipal del despilfarro”.

Además, según ese documento, para sanear la empresa “existían otras alternativas distintas a la venta del patrimonio”, por lo que prescindir de patrimonio fue una decisión “política” y no económica.

El informe incide en algunos aspectos ya reseñados por la Cámara de Cuentas, como el “incumplimiento de la legalidad básica”, pues “no se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento” ni la legislación de adjudicación, como tampoco se aplicaron las condiciones de solvencia establecidas por la propia EMVS.

En cuanto a las pérdidas patrimoniales, el documento expone que el valor de los bienes ascendía a 291,4 millones de euros en lugar de los 128,5 que se pagaron, según los precios oficiales de VPP de la Comunidad de Madrid.

“Están quedando en evidencia. Han venido a hacerle la respiración asistida a un moribundo y lo que quieren es quedarse con la herencia”, ha dicho el portavoz de Ahora Madrid en la comisión de investigación, Carlos Sánchez Mato, en referencia al cambio de posición de Cs.

Un viraje que también ha reprochado el PSOE, cuya portavoz, Mercedes González, ha dicho que su dictamen “da un giro de 180 grados” y “casi viene a justificar la legalidad de la operación” realizada por el PP. “No rozan a los fondos buitre”, le ha reprochado.

Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos, Silvia Saavedra (que sustituye al edil Miguel Ángel Redondo) ha argumentado que el dictamen ya “no tiene sentido” puesto que buena parte de las recomendaciones “ya están en marcha”. “Es anticuado, vende humo”, ha dicho la portavoz de Cs en la comisión, donde ha pedido además que sean los tribunales los que diriman la responsabilidad.

Por su parte, el PP ha aplaudido el cambio de posición de Cs y su portavoz en la comisión, Ana Román, ha defendido que las decisiones del gobierno de Ana Botella cumplieron con la legalidad vigente y los informes emitidos en ese momento. EFE

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here