El Gobierno contrata un abogado en Bélgica en defensa de España por la demanda de los fugados CGPJ ampara al juez Llarena ante la demanda de Puigdemont y los exconsellers con la intención de someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero"

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El magistrado Pablo Llarena, instructor del "procés".
El magistrado Pablo Llarena, instructor del “procés” que ha sido demandado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros en Europa. 

viamadridtv.es- Agencias.- El Gobierno ha contratado a un abogado en Bélgica para defender la integridad y la jurisdicción española ante los tribunales belgas, tras la demanda civil presentada en ese país contra el juez instructor de la causa abierta por el “procés”, Pablo Llarena, por los procesados huidos.

El letrado, según han informado a Efe fuentes jurídicas, actuará bajo dirección y supervisión de la Abogacía del Estado, que defiende los intereses del Estado y de sus organismos autónomos.

El juez del Tribunal Supremo está citado el próximo 4 de septiembre a comparecer ante un tribunal belga aún cuando el anterior juez decano de Madrid, Antonio Viejo, decidió no cursar por «improcedente» la petición de las autoridades de ese país para advertir a Llarena de su citación.

Será él y no Llarena quien previsiblemente acuda al tribunal belga el próximo 4 de septiembre, día en el que el magistrado del Tribunal Supremo está citado para comparecer.

Lo hará en defensa de los intereses del país y defenderá, según las fuentes, la inmunidad del Estado español y de su jurisdicción, como solicitó ayer al Ministerio de Justicia y al de Asuntos Exteriores el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado amparo al juez instructor de la causa abierta por el “procés”, Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica por los procesados huidos, que tacha de “ataque planificado” a su independencia.

En opinión de este organismo, la demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Merixell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, intenta “sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”.

Concretamente, se pide que la Abogacía del Estado arbitre una fórmula para representar al juez español ante la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros que han planteado una demanda civil acusando a Llarena de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

El amparo del Consejo consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena -Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica- y las costas que se deriven de una eventual condena.

La intención última es conseguir la recusación del magistrado,  Pablo Llarena, una solicitud que los exconsellers ya han realizado en varias ocasiones.

La primera fue rechazada de plano por el propio Llarena, si bien tiempo después volvieron a insistir al solicitar su recusación por la cena que mantuvo con el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, lo que, según ellos, evidencia «una falta de imparcialidad».

La Abogacía del Estado recoge en sus memorias anuales varios casos en los que se ha debido contratar a abogados en el extranjero ante la imposibilidad de personarse directamente en los tribunales de esos países, aunque son los abogados del Estado quienes se encargan de la “dirección y coordinación” de los pleitos.

El reglamento de la Abogacía General del Estado recoge la posibilidad de que Estado encomiende a una persona su representación y defensa “ante cualquier juez o tribunal extranjero”, previo informe de este organismo y de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

El encargado de nombrarlo sería el embajador de España en el país en cuestión, en este caso Bélgica.

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