El caso que truncó la carrera política de Cristina Cifuentes

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La ex presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Madrid (EFE).- Nunca antes un máster había causado tanto revuelo mediático como el que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cristina Cifuentes, actualmente procesada por un caso que salpicó a otros políticos como Pablo Casado y Carmen Montón y que acabó truncando la carrera de la ya expresidenta madrileña.


La Universidad Rey Juan Carlos ha pedido cuatro años de prisión para Cifuentes por presuntamente falsificar el acta del trabajo de fin de máster (TFM) del título de Derecho Autonómico y Local que cursó entre 2011 y 2012 en este centro.

El pasado 21 marzo, Eldiario.es publicó la primera información de este caso, según la cual Cifuentes habría obtenido su título de máster en el Instituto de Derecho Público de la URJC con notas falsificadas.

El digital aseguraba que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid habría dejado dos asignaturas pendientes de presentarse pero dos años después una funcionaria cambió los “no presentado” por “notable”, algo que el rector de la URJC, Javier Ramos, atribuyó a un error de transcripción.

Ese mismo día por la noche Cifuentes dijo que no pensaba dimitir por lo que calificó de “acusaciones falsas”.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, reiteró su intención de permanecer al frente del Gobierno regional y mostró el acta del trabajo fin de máster firmada, según ella, por las tres integrantes del tribunal: Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos.

El 4 de abril, en un pleno extraordinario celebrado en la Asamblea de Madrid a petición de los grupos de la oposición, Cifuentes defendió la legalidad de su máster y exhibió una serie de documentos con el sello de la URJC para acreditarlo.

A lo largo de los días los medios de comunicación siguieron desvelando más detalles del caso, como que dos de las firmas del Trabajo Fin de Máster habían sido supuestamente falsificadas.

La profesora Alicia López de los Mozos remitió una carta a la universidad reconociendo este hecho y afirmando que no formó parte del tribunal.

Por su parte, el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster, reconoció que el día que saltó la polémica aceptó el encargo del rector de la URJC de “reconstruir una hipotética acta” del tribunal de evaluación.

Cifuentes resistió en su cargo hasta que el 25 de abril (36 días después de que saliera a la luz el caso) anunció su dimisión, precipitada por la publicación ese día de una información en OKdiario en la que se le atribuía un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

En el caso máster también están procesados el que fuera director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde; la profesora Cecilia Rosado, que supuestamente falsificó el acta; y la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito, acusada de presionar para realizar dicho documento.

En este instituto, clausurado tras la polémica, cursaron sus estudios de máster la exministra socialista Carmen Montón y el líder del PP, Pablo Casado, afectados también por supuestas irregularidades pero que a diferencia de Cifuentes no tendrán que dar cuentas ante la Justicia ya que la jueza archivó sus casos.

Montón y Casado fueron denunciados por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.

La socialista dimitió de su cargo de ministra ante la presión de los medios apenas diez días antes de que la jueza empezara a investigar su caso relacionado con un máster cursado en los años 2010-2011, cuando ejercía como portavoz de Igualdad del PSOE.

Montón superó con nota la mitad de las asignaturas sin asistir a las clases y pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, según señaló Eldiario.es.

No obstante, finalmente, la jueza del caso archivó las actuaciones llevadas a cabo tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad.

Por su parte, Casado se mantuvo en su cargo en mitad de la polémica por el máster que aprobó en el curso 2008-2009, cuando era diputado autonómico, sin ir a clase y tras cursar sólo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones.

Cifuentes, Casado y Montón son algunos de los nombres registrados en las peticiones de comparecencia para la comisión de investigación sobre universidades constituida recientemente en la Asamblea de Madrid pero que no empezará a funcionar hasta febrero.

El objetivo de esta comisión impulsada por Ciudadanos es investigar y determinar la responsabilidades políticas que hubiese por “las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público” de la URJC, así como en otras universidades públicas de Madrid y centros adscritos.

El caso también ha tenido repercusiones en la URJC, donde ha habido ceses de vicerrectores y una huelga de estudiantes para pedir la dimisión del rector y, además, se han cancelado un centenar de másteres y cursos de expertos con empresas. EFE

 

Sol Carreras. EFE

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