Madrid, (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid estudia la apertura de un nuevo proceso judicial para pedir la nulidad de la venta de 1.860 viviendas públicas en 2013 a la vista de la sentencia en la que el Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa Ana Botella y seis ediles a pagar 22,7 millones por esta enajenación.
La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado en rueda de prensa junto al consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Francisco López Barquero, que iniciarían este proceso por segunda vez, pues tuvieron que archivarlo en abril cuando un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, vinculante, se posicionó en contra.
El Ejecutivo de Manuela Carmena espera que la postura autonómica cambia a la vista del fallo.
Además, se plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas al considerar que el perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo, de 27,5 millones de euros, aunque celebra que el Tribunal concluya que la venta fue ilegal por no contar con publicidad y concurrencia y cerrarse por debajo del valor contable.
El Consistorio cifró el menoscabo en 127 millones de euros y, en un cálculo subsidiario que solo analizaba el valor catastral, en más de 50 millones de euros.
El Gobierno municipal ha recordado asimismo que se encuentra personado en el procedimiento penal iniciado por el PSOE en 2013 y reabierto tras ser archivado en 2017, en el que se exigen responsabilidades penales por la venta de las viviendas.
Además de esperar que el Ejecutivo autonómico varíe su posición, Higueras ha pedido lo propio a Ciudadanos, que tras apoyar la comisión de investigación sobre esta venta se abstuvo en la votación del dictamen que concluyó que había sido ilegal y lesiva.
«Espero que reconsideren esta postura y tal y como estamos haciendo nosotros apoyen la denuncia que el PSOE promovió en un procedimiento penal», ha dicho Higueras al grupo de Begoña Villacís.
El Gobierno de Manuela Carmena ha subrayado además que «el problema de las 1.800 familias no está resuelto». Pues «disfrutaban de un alquiler social que lo único que iba a cambiar según Botella era el casero» y a día de hoy «hay familias que no pueden pagar el nuevo recibo» del alquiler pedido por Fidere y otras que «han sido desahuciadas».
«El Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda digna y asequible», ha agregado.
Rodeada por varios ediles del equipo de Gobierno, la primera teniente de alcalde ha explicado que quieren ser «prudentes» respecto al fallo, que los condenados ya han anunciado que recurrirán, aunque consideran que es «contundente» al entender que la venta fue ilegal y que se cometió una «negligencia grave».
Por ello, esperan que sirva para iniciar un nuevo trámite de nulidad, que en el caso de prosperar permitiría que la EMVS recuperase las viviendas, devolviendo el importe abonado por Fidere y en el caso de las que ya se hubiesen enajenado este fondo debería abonar la cuantía que acordasen los tribunales.
El Gobierno de Manuela Carmena ha modificado el estatuto de la EMVS para vetar la venta de vivienda pública, además de limitar el precio del alquiler en función de la renta del inquilino, por lo que este caso no podría volver a ocurrir. En 2013 la venta no era ilegal pero ésta se hizo saltándose los procedimientos, han señalado.
Preguntada sobre si los ediles de Botella que a día de hoy ostentan cargos públicos -como el concejal Pedro Corral– deberían dimitir, Higueras ha considerado que es una cuestión personal, pero ha recordado que el fallo habla de responsabilidad contable y no les imputa delito alguno.
Afectados por la venta sobre condena a Botella: Poco a poco se hace justicia
La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, Arantxa Mejías, ve «esperanzador» el fallo del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa Ana Botella y a seis de sus ediles a abonar 22,7 millones de euros por vender de forma ilegal 1.860 viviendas a un fondo de inversión.
«Poco a poco se hace justicia», ha asegurado Mejías en declaraciones a Efe, en las que muestra su satisfacción con la decisión del Tribunal de Cuentas y explica que es «esperanzador» que «después de tanto tiempo» se dé la razón a los vecinos.
La Plataforma de Afectados estudiará el fallo para sumarlo a la demanda penal y a todos los procesos civiles que tiene abiertos en contra de la enajenación de viviendas y celebra que de esta forma se reconozca no solo el «daño» a los afectados directos, las familias que residían en los pisos vendidos, sino también a los indirectos, la ciudadanía madrileña y el erario público.
Mejías comparte también la posición del Ayuntamiento de Madrid, que estudia recurrir la sentencia al entender que el quebranto patrimonial fue de 127 millones de euros y no de 25,7, como ha fallado el Tribunal de Cuentas.
Esta activista es una de las residentes en uno de estos inmuebles vendidos por Ana Botella a Fidere. En su caso, sigue residiendo en uno de estos inmuebles aunque para lograr su permanencia ha tenido que demandar penalmente a este fondo de inversión, que se negaba a renovarle el contrato.
Tras denunciar esta decisión en los tribunales al entender que era en represalia por el liderazgo de Mejías en la lucha contra la venta de estos inmuebles, Arantxa y su familia consiguieron quedarse en su piso de Carabanchel, pero asumieron, como el resto de los vecinos, un incremento en la cuantía del alquiler que, dependiendo de los metros cuadrados, puede ser de hasta 200 euros mensuales.
A día de hoy los vecinos siguen con «incertidumbre» sobre su futuro, tras años de «lucha y desesperación». «Los tiempos políticos y los judiciales no son los de la vida diaria de las personas», explica Mejías, que cree que el fallo da «más luz» a encontrar una solución.
El Tribunal de Cuentas considera que el menoscabo total a los fondos públicos provocado por esta operación asciende a 25,7 millones, de los que a los ediles de Botella y la excalcaldesa se les condena a abonar de forma solidaria un máximo de 22,7 millones.
Esta sentencia considera probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado. EFE
