Pinto, (EFE).- Un juzgado de Parla investiga al alcalde de Pinto, Rafael Sánchez, por un posible delito de revelación de secretos en la remunicipalización del servicio de limpieza en la ciudad, un caso por el que declarará el próximo 11 de marzo.
Sánchez ha asegurado hoy en un comunicado de prensa sentirse «muy tranquilo» respecto a esta denuncia interpuesta por la UTE Valoriza-Gestyona, ya que «en cierta medida esperaba esta denuncia» y que es el peaje que se paga por enfrentarse a los poderosos».
El regidor, a petición de la UTE, declarará en el Juzgado número 1 de Parla como investigado el próximo 11 de marzo.
«Como máximo garante del dinero de los pinteños no podía mirar para otro lado ni permitir la actitud de la UTE y su deficiente servicio a la ciudadanía», ha explicado el alcalde.
En enero de 2014 entró en vigor la privatización de parte de los servicios de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, limpieza viaria y mantenimiento que realizaba Aserpinto y que el anterior Gobierno local del PP decidió adjudicar a la UTE Valoriza-Gestyona, que asumió una parte de la plantilla de la empresa pública.
Tras llegar al Gobierno municipal en 2015 Ganemos Pinto empezó a trabajar en «el retorno a Aserpinto de los trabajadores subrogados que habían ganado sus denuncias a la UTE, la potenciación de la limpieza en el municipio y las sanciones por incumplimientos en el servicio» de la adjudicataria.
El Ayuntamiento ha sancionado hasta en nueve ocasiones a la adjudicataria con hasta 200.000 euros y el año pasado por un posible falseamiento de la información proporcionada por la UTE.
«Aunque (esa información), según el pliego, es pública, llegó al Ayuntamiento de forma anónima», ha indicado el regidor a este respecto, que habría originado la denuncia de UTE.
La investigación judicial, según el regidor, obedece a dos factores: «la firme intención del Gobierno de revertir la privatización y la época electoral en la que nos encontramos». EFE
