La Guardia Civil detalla una violencia del “procés” que enerva a las defensas El número 3 de Hacienda admite que el control del 1-O no podía ser absoluto

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Agencias.-Cuatro guardias civiles han relatado este martes en el juicio del “procés” escenarios de violencia inspirados por la “rabia descontrolada” de la gente, entre los que han incluido “agresiones” de Mossos, testimonios que han enervado a las defensas, con constantes advertencias de falso testimonio de los agentes.

Han tenido que pasar 18 días para escuchar a los primeros guardias civiles que actuaron sobre el terreno en los registros del 19 y 20 de septiembre así como en el 1-O, quienes han hablado de ataques, lluvia de golpes, amenazas de muerte, mordiscos, lanzamientos de sillas y botellas, riesgos de asaltos a edificios y vehículos, y agresiones por parte de los ciudadanos e incluso de algunos mossos, ante la mirada atónita de las defensas y acusados.

Todo ello ha ocurrido en la jornada más tensa que se recuerda en el juicio, con numerosas advertencias de falso testimonio de las defensas al tribunal.La tensión ha sido palpable cuando uno de los guardias civiles ha descrito la «gravísima» violencia que se vivió en el registro de la Conselleria de Exteriores que, por momentos, según ha dicho, superaba al relato policial de la de Economía, donde se produjo la multitudinaria concentración del 20-S.

En un detallado relato, ha descrito «el ambiente muy agresivo» de los 300 concentrados con «caras de mucha rabia» que protagonizaron una «lluvia de golpes», «zarandeos» y «lanzamientos de botellas» que culminó con un hecho «inaudito» que no había visto jamás en su carrera, cuando los ciudadanos intentaron sustraer al detenido, el cual, según el agente, «no daba crédito a lo que estaba viviendo».

Tal era el malestar de las defensas que han solicitado sin éxito al tribunal que se visionaran unos vídeos incorporados a la causa que detallan un panorama que nada tiene que ver con ese «capítulo de terror total» que, según el agente, le llegó a revelar el alto cargo del Govern detenido en el registro de Exteriores y que dejó «horrorizada y temblando» a la secretaria judicial.

Quien no ha quebrado su exposición ha sido otro agente que ha contado que el 1-O sufrieron agresiones y que se dieron enfrentamientos «propiciados» por los Mossos, hasta el punto de que uno llegó a decir que «solo» obedecía al mayor Josep Lluís Trapero.

Entre esos episodios, según ha enumerado, se encuentra un intento de sustracción de un arma y de atropello con una moto en Sant Esteve Sesrovires, patadas en la cabeza a agentes o el lanzamiento de una silla metálica contra un agente en Sant Joan de Vilatorrada, o de varias sillas de madera y una botella de cristal en la escuela Castell. Así como en Sant Andreu de la Barca (donde un detenido mordió la mano a un agente), y en Sant Iscle de Vallalta la masa llegó a retirar el escudo, el casco y la defensa a un guardia civil.

 El número 3 de Hacienda admite que el control del 1-O no podía ser absoluto

El número tres de Cristóbal Montoro ha reconocido que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos al 1-O porque la información remitida por la Generalitat, que estaba intervenida, fue a veces “inexacta” y los controles de Hacienda no responden a “la realidad material de los hechos”.

Felipe Martínez Rico, entonces subsecretario de Hacienda, ha testificado para responder por el posible uso de fondos públicos durante el “procés”, después de que el exministro admitiera en el juicio que no se puede descartar que se destinase dinero público al 1-O porque un análisis contable “siempre puede resultar engañoso”.

En su interrogatorio, más técnico que el de Montoro, ha explicado que los sistemas de control del Ministerio de Hacienda llegan a la realidad financiera y presupuestaria pero que ” que el control podía no ser absoluto sobre las cuentas de la Generalitat, dado que solo se podía revisar y controlar aquello que la administración catalana enviaba.

Y a veces, ha precisado, la información remitida fue “incompleta e inexacta”, y en esos casos se tomaron medidas y se envió a Fiscalía.

Rico ha explicado que se denunciaron irregularidades en los expedientes y pagos de Diplocat relacionados con los observadores electorales para el referéndum, otras por el acuerdo del Govern de finales de agosto de 2017 en el que se asumía el compromiso de gasto, y también se denunció la campaña de publicidad de civisme.

Respecto a este último caso, el de los anuncios de las vías del tren, ha recordado que la Generalitat aseguró que la campaña había quedado desierta aunque luego comprobaron que, en realidad, las autoridades catalanas habían desistido.

No obstante, Hacienda comprobó que había dos facturas impagadas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los anuncios del 1-O, de 93.179 y 184.624 euros, si bien la Generalitat justificó que no se pagó nada porque no existían registros ni expedientes abiertos por estos conceptos, como así defendió en el juicio la directora de servicios del departamento de Presidencia en esa fecha, Teresa Prohias.

Hacienda no estuvo conforme con esta explicación y así lo denunció a la Fiscalía. Y, de hecho, el ente público todavía reclama el pago de esas facturas a la Generalitat.

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