Un cruce de acusaciones entre Mas y la Fiscalía pone fin al juicio por el 9N

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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado hoy al Gobierno de sentarle en el banquillo al tomarse como un «desafío» el «éxito» del 9N, en su alegato final de un juicio que el fiscal ha concluido proclamando que nunca ha recibido instrucciones del Ejecutivo, «ni las habría consentido».

La sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, por prevaricación y desobediencia al mantener la consulta independentista del 9N tras su suspensión, cinco días antes, por el Tribunal Constitucional (TC).

El cruce de acusaciones entre la Fiscalía y Mas ha marcado la quinta y última jornada del juicio por el 9N, un proceso en el que el expresidente catalán se juega una condena por inhabilitación que podría impedirle su posible regreso como candidato a la Generalitat de un PDeCaT sin liderazgos claros.

Mas ha hecho uso de su derecho al último turno de palabra para denunciar que, contrariamente a lo que mantiene la Fiscalía, no se les ha juzgado por desobedecer al TC, sino por el «éxito» del 9N, que a su parecer el Gobierno vivió como un «desafío».

El expresident ha mostrado su «más profunda discrepancia» con la acusación que mantiene contra él la Fiscalía y ha sostenido que si hoy se sienta en el banquillo «no es por desobedecer» al TC, sino porque el «éxito» de la consulta de independencia «no gustó a determinadas instancias del Estado y del Gobierno español».

«Y como no gustó se consideró un desafío y pretenden que ahora se pague», ha denunciado.

El expresidente de la Generalitat ha dedicado unas palabras de su alegato final para expresar su «preocupación» por la revelación del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que esta mañana ha asegurado que cuando la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal le encargó el caso, le pidió que actuara con imparcialidad.

«Créame que cuando le he oído me ha dejado muy preocupado, porque que la fiscal general del Estado tenga que coger a un fiscal e insistirle en que debe ser imparcial y justo…», ha razonado Mas, en un alegato que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha interrumpido al recordarle que el turno de última palabra es «en su propia defensa, no para entrar en diálogo y cuestionamiento, todavía menos con el ministerio público».

«Es en mi defensa saber cómo actúa la Fiscalía en mi país», se ha quejado entonces Mas, que ha aprovechado para denunciar que en los últimos años ha sido «calumniado, difamado» y víctima de operaciones de «guerra sucia», sin que «nadie» saliera en su defensa cuando era «presidente de la Generalitat y representante ordinario del Estado en Cataluña».

Las palabras de Mas daban respuesta a los argumentos que el fiscal Emilio Sánchez Ulled había expuesto horas antes ante el TSJC, en las que tras reivindicar su independencia ha insistido en que en el caso del 9N no se juzgaba «la voluntad popular», sino un «torpedo» a la línea de flotación de las reglas de juego democráticas.

Sánchez Ulled ha confesado el «dolor y tristeza» que le produce el caso del 9N porque, a su parecer, hubo «una ruptura de las reglas de juego democráticas» en el que la ejecución de la consulta por parte de los voluntarios «enmascaraba una actuación continuada de los poderes públicos» para desobedecer al Tribunal Constitucional.

Para el fiscal, que fue expresamente designado por la Fiscalía General para reforzar el caso del 9N, este proceso no versa sobre «el hecho de haber convocado lo que sea que se convocara el 14 de octubre» ni se juzga que los voluntarios decidieran dedicar su tiempo a organizar las votaciones, ni que «muchas personas, con sus respetables convicciones», acudieran a las urnas.

«Hay que decirlo, por mucho que se repita, porque ésta es la verdad y la realidad procesal», ha recalcado el fiscal, antes de proclamar que en el juicio del 9N no se enjuicia «la voluntad popular, ni una votación popular», ni se persigue «la democracia».

Sánchez Ulled ha garantizado que a lo largo del proceso contra el expresidente catalán Artur Mas no ha recibido ningún tipo de «indicaciones» por parte del Gobierno y ha advertido de que, si hubiera sido así, no las habría «consentido».

Emilio Sánchez Ulled ha querido dar «explicaciones» de la actuación de la Fiscalía, ante las «referencias institucionales» que desde la Generalitat han cuestionado que el juicio del 9N fuera democrático: «Ya está bien de todo lo que se está organizando alrededor de este acto».

«Este juicio también es democracia, porque la democracia son muchas más cosas de las que se han dicho aquí», ha proclamado.

«He tenido la sensación de que en ciertos momentos estaba presenciando una batalla entre demócratas y leguleyos», ha confesado Sánchez Ulled, que ha subrayado que es falso que la Fiscalía dependa del Gobierno y ha garantizado que el tribunal que juzga a Mas será tan democrático «si condena como si absuelve».

Por su parte, en su último turno de palabra Joana Ortega ha alegado que dar la voz al pueblo «no es un delito, sino una obligación», mientras Rigau ha alertado de que el proceso del 9N puede ser el inicio de una «involución democrática» en España.

Tras quedar visto para sentencia, los tres acusados han abandonado la sede del TSJC para dirigirse al Palau de la Generalitat, donde el presidente catalán, Carles Puigdemont, les ha recibido para mostrarles su apoyo.

A las puertas del Palau de Justicia, han recibido con un abrazo a los encausados la consellera de Presidencia, Neus Munté, la de Gobernación, Meritxell Borràs, y la coordinadora general de PDeCAT, Marta Pascal. EFE

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