TSJM estima el recurso de los afectados por la venta de 3.000 pisos del Ivima

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Madrid,  (EFE).- El  (TSJM) ha estimado el recurso de los afectados por la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs, al no considerar acreditada «la innecesariedad» de estas viviendas sociales, de las cuales un 80% estaban ocupadas en el momento de la venta.

En una nueva sentencia, fechada el 19 de junio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM revoca un fallo anterior, del Juzgado de lo contencioso número 10, que el pasado septiembre había rechazado el recurso de nulidad de los inquilinos afectados por la venta de 32 promociones de viviendas públicas.

En aquella sentencia, la jueza consideraba que las viviendas enajenadas «no eran necesarias para el ejercicio de las competencias y funciones propias del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima)», dependiente de la Comunidad de Madrid y ahora extinto.

Los afectados por la venta de dichos pisos, trasteros, locales y garajes, que tenían un contrato de alquiler social en muchos casos con una cláusula de opción a compra, recurrieron aquel fallo y ahora el TSJM les da la razón.

En esta nueva sentencia, la Sala de lo contencioso del TSJM considera que en el contrato de venta no se ha cumplido «el requisito de la innecesariedad, es decir de explicar de modo preciso por qué estas concretas viviendas», las 32 promociones y no otras, «ya no eran necesarias para el cumplimiento de las funciones del organismo titular».

Máxime, añade la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, cuando «el 80% de estas viviendas se hallaban ocupadas, cumpliendo por ello la función para la que fueron adscritas» al Ivima, no quedando justificada «la reducción de las necesidades de vivienda social de la población afectada».

Además, tras la venta de los pisos al fondo de inversión podría «variar sustancialmente la situación de los ocupantes pues ya no serían de aplicación las normas reguladoras de la gestión y administración de las viviendas sociales», por ejemplo «la limitación de los alquileres respecto del precio de mercado».

Para el TSJM, «no cabe argumentar que resulta indiferente al arrendatario el cambio del titular», dadas las futuras «pero ciertas, consecuencias negativas derivadas de la desaparición de los beneficios y fines sociales inherentes a la actuación que corresponde al Ivima».

El abogado de los afectados, Felipe Alonso, ha celebrado esta sentencia, pero ha explicado a Efe que «no es firme y que la Comunidad de Madrid parece que tiene la intención de recurrirla ante el Tribunal Supremo». 

La contratación de la compraventa de las viviendas, por importe de 211 millones de euros, fue aprobada por el Consejo de Gobierno de Comunidad de Madrid en junio de 2013. EFE

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