Denuncian que 54% de contratos sanitarios públicos están ligados a ‘lobbies’

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Consejería de Sanidad de Madrid

Madrid, (EFE).- La plataforma Audita Sanidad ha denunciado este miércoles que el 54,3 % de los 1.965 contratos adjudicados por contratación pública por la Comunidad durante 2017 han recaído en empresas privadas que están ligadas a grupos de presión (‘lobbies’) sanitarios. 

El informe, que estudia la influencia de estos grupos de presión en la Sanidad madrileña, también recoge que un 60,3 % de los más de 642 millones de euros destinados a estos contratos han sido presentados por empresas que pertenecen a estos colectivos, cuya consolidación conciben como un elemento fundamental de la privatización de la sanidad pública.

El representante de Audita Sanidad, Vicente Losada, ha subrayado que el objetivo de este informe es poner de manifiesto las «influencias indebidas» de estos grupos de presión, que pueden «torcer» el desempeño de la labor pública, bien a través del poder económico, de despachos de abogados, así como de puertas giratorias o el control de los medios de comunicación, entre otras.

Además, del estudio se desprende que las 30 empresas que han recibido mayor importe por contratos menores -aquellos que se adjudican sin oferta pública al no superar los 18.000 euros- están todas ellas en uno o en varios ‘lobbies’

Audita Sanidad ha identificado en torno a veinte ‘lobbies’ sanitarios que están vinculados fundamentalmente al ámbito de los suministros, de la gestión de servicios, de la construcción de infraestructuras sanitarios y a laboratorios de ideas.

Entre ellos, la plataforma destaca que la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) se constituye como el grupo «más influyente en el ámbito de la política sanitaria», ya que aglutina al 95 % de las empresas que pertenecen a alguno de estos grupos. 

Losada ha destacado que la «consolidación progresiva» del estos grupos de presión en el sector sanitario de Madrid busca potenciar el sector sanitario privado, además de suponer una desviación del destino de la inversión pública que puede contribuir al incremento exponencial de la deuda que, ha puntualizado, se ha multiplicado de 4.218 a 33.269 millones de euros desde 2000.

La plataforma Audita Sanidad denunció el 18 de junio pasado a la Consejería de Sanidad madrileña ante la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude numerosos contratos menores firmados en 2016.

Prevén presentar otras dos demandas por la misma conducta durante los ejercicios de 2017 y 2018. EFE

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