Madrid, 5 oct (EFE).- ‘Miki’, portavoz de la acampada de personas sin hogar que fue desalojada esta madrugada del Paseo del Prado, ha tildado de «flagrantemente ilegal» la operación en la que se «vulneraron derechos constitucionales», y anuncia «acciones judiciales» contra el alcalde y los mandos policiales.
«La protesta no cesa. Vamos a poner una demanda para que respondan judicialmente todos los responsables, empezando por el alcalde y por los policías y mandos judiciales que han intervenido en la operación de desalojo», ha dicho Miki junto a varios desalojados que llevaban sus ropas en maletas y carritos de la compra.
«Estábamos en la puerta del Congreso para que nos vieran, en la puerta del Ministerio y en la del Ayuntamiento para lo mismo, y aún así han mirado para otro lado», aseveró. «El derecho a la manifestación se puede ejercer donde uno considere más apropiado».
En el desalojo, a las 4:30 de la mañana, 139 tiendas de campaña fueron levantadas, 97 personas identificadas, de las que el Samur Social atendió 57, e intervinieron más de cien policías y antidisturbios durante casi una hora.
«También pediremos explicaciones contra el ministro Marlaska porque le habíamos pedido que garantizase la protección de nuestra protesta la primera vez que el alcalde amenazó con desalojarnos en julio cuando dijo que ocupar la vía pública no era manera de protestar», agregó.
La Policía se presentó a las 4:30 de la madrugada, «vulnerando nuestro derecho a la intimidad abriendo nuestras tiendas sin autorización y nos forzaron a salir. A partir de ahí, se nos obligó a recoger rápidamente nuestras pertenencias, hay gente que se ha quedado sin las suyas, y nos obligaron a abandonar nuestra protesta, coartando nuestro derecho a la manifestación pacífica».
También vulneraron el «derecho a la propiedad privada porque no nos dejaron coger nuestros enseres y las tiendas de campaña fueron arrojadas a un camión de basura. Esto es ilegal, tenían que haber hecho un informe de acopio exhaustivo con todos los objetos requisados. También vamos a denunciarles por eso», aseguró.
«Que no se pongan chapitas ni el alcalde ni el señor Aniorte (delegado de Familia del AyuntamientoI, porque la acogida que han dado a cincuenta personas en los albergues es algo que tenían que haber hecho en un primer momento», continuó.
«Señores, van tarde y lo han hecho mal. La intervención social no tiene por qué hacerse con Policía y el derecho constitucional debe respetarse escrupulosamente por mucho que a ustedes no les gusten que protestemos por cómo utilizan el dinero público», según Miki.
«Llevamos interpelando a todas las administraciones a todos los niveles desde el primer momento y no hemos obtenido respuestas, salvo amenazas de desalojo por la fuerza», según Miki que criticó que «Aniorte esté justo esta mañana en una feria sobre inclusión social en el Retiro», dijo mientras rompía un cartel de dicha feria.
«No contemplamos mover la reivindicación», porque el lugar «más idóneo es el Congreso, donde hacen las leyes, es al lado del Ayutamiento porque son los que tienen la competencia transferida para dar esa protección. Poderes públicos, pónganse a trabajar, dejen de tirar balones fuera», instó Miki.
Ha recordado que el Gobierno hizo «decretos de urgencia para situaciones equiparables», como el posterior al terremoto de Lorca, para dar cobijo a la gente desalojada, que se aprobó en dos días, o el decreto de urgencia tras el pacto de Estado para proteger a la mujer».
Sobre la relación entre el desalojo y la visita de inspectores de la Unesco, que analizan la petición de convertir el eje del Prado en patrimonio de la humanidad, Miki ha preguntado «qué pensaría la ONU sobre lo ocurrido. Que nos hayan desalojado policialmente y nos hayan quitado la mínima protección sobre el derecho a la intimidad, a la integridad física, sobre los derechos más básicos». EFE
