A juicio un exalto cargo de Consumo por amañar licitaciones de contratos

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Audiencia Provincial de Madrid

Madrid, 12 oct (EFE).- La Fiscalía pide tres años de prisión y diez de inhabilitación para el exsubdirector general de calidad del Instituto Nacional de Consumo, acusado de adjudicar contratos, entre 2006 y 2011, de modo “fraudulento” a sociedades administradas por su cooperador en el fraude, quien también se sienta en el banquillo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el próximo martes el juicio al exsubdirector, Carlos A.R., por los delitos continuados de fraude y prevaricación, y a Josep T.A., que se enfrenta a la misma petición de pena como cooperador necesario para la comisión de los mismos.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los acusados se concertaron para adjudicar contratos licitados por la Subdirección General de Calidad del Consumo del Instituto Nacional de Consumo, un organismo integrado en la actualidad en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), a sociedades administradas de hecho o vinculadas a Josep T.A., con el fin de beneficiar a dichas sociedades.

Se trata de tres sociedades administradas de hecho por Josep T.A. y otra con la que este presentó varias ofertas a pesar de no ser el apoderado de la entidad.

Así, por la actuación de los sentados en el banquillo se adjudicaron cinco contratos de servicios, “causando un menoscabo a la corrección de los procesos de gestión de recursos públicos e infringiendo los principios de transparencia, publicidad y objetividad en la contratación de entes públicos”, sostiene la Fiscalía.

Para cumplir con su cometido, los acusados, por ejemplo, fraccionaron el importe de algunos de los contratos para no superar la cantidad de 30.050,61 euros, que prevé la Ley, y simularon la concurrencia de las adjudicaciones de contratos a pesar de que ya estaba predeterminado que lo obtendría la empresa vinculada a Josep T.A.

En ese sentido, para dar apariencia de legalidad en la tramitación y adjudicación del expediente, Josep T.A. presentaba tres ofertas distintas, pero todas controladas por él mismo, de modo que el presupuesto de la empresa ya convenida resultara siempre el de menor importe y por ello el más ventajoso económicamente.

Con todo ello los acusados evitaban la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros. EFE

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