Agencias.- Casi un año después de que quedará visto para sentencia el juicio de la pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía, la Audiencia de Sevilla ha dictado sentencia contra los expresidentes del PSOE al condenar a José Antonio Griñán a seis años de cárcel e inhabilitar durante nueve años a Manuel Chaves.
El fallo judicial, que asume buena parte de las tesis y petición de condenas de la Fiscalía, suma en total 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta juzgados.
También han sido condenados a prisión otros nueve ex altos cargos: los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años), los exviceconsejeros Agustín Barberá (siete años), Jesús María Rodríguez (seis años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (siete años), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (siete años), y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (seis años).
El resto de las condenas son por inhabilitación, entre ellas la de la exconsejera Magdalena Álvarez, para la que el tribunal ha dictado nueve años de inhabilitación. En esta situación se encuentran también el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías (nueve años de inhabilitación), el exviceconsejero José Salgueiro (nueve años), el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano (nueve años) y el ex secretario general de Empleo Javier Aguado (nueve años).
A estos se unen la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina (ocho años y seis meses de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (nueve años) y, por último el ex director de IDEA Jacinto Cañete (ocho años y seis meses).
Hay dos personas que han resultado absueltas: el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que estaba acusado por delitos de prevaricación y malversación, y el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta,Francisco del Río, procesado por prevaricación.
La sentencia reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la «patente» y «palmaria ilegalidad» de las ayudas sociolaborales –unos 680 millones de euros- que concedió con «absoluta falta de control» entre los años 2000 y 2009.
En 1.821 folios, la primera sentencia del caso subraya que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes, fueron «plenamente conscientes de la patente ilegalidad» de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.
