El Gobierno, sobre el rey Juan Carlos: “La justicia es igual para todos”

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María Jesús Montero

Agencias.-La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes, acerca de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar a Juan Carlos I por las presuntas comisiones por el AVE a La Meca, que “la justicia es igual para todos” y el Ejecutivo “no va a interferir” en esta actuación.

Montero ha subrayado que el Gobierno “colaborará con todo aquello que sea necesario” para facilitar la labor de los tribunales y que desempeñen su tarea en “las mejores condiciones posibles”.

“La justicia es igual para todos y, por tanto, se tiene que investigar a todas las personas que los tribunales consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades, en este caso financieras”, ha sostenido la portavoz del Ejecutivo en declaraciones a La Sexta.

Ha hecho hincapié en que el Gobierno, “por supuesto, no va a interferir, como nunca hace, en la actuación de la Justicia” y prestará toda su colaboración.

Zarzuela no se pronuncia sobre la investigación del Supremo a Juan Carlos I

La Casa Real no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar el presunto pago de posibles comisiones por la construcción del AVE a La Meca, en el que una de las personas involucradas sería Juan Carlos I.

La noticia sobre la decisión de la Fiscalía se ha conocido durante la visita de los reyes al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), en su primera actividad una vez que la Comunidad de Madrid ha estrenado la fase 2 de la desescalada.

Don Felipe ha pronunciado unas palabras en las que ha destacado el papel de los deportistas españoles y la importancia de que los ciudadanos actúen como “un gran equipo” para derrotar a la pandemia, pero sin hacer ninguna alusión al asunto la investigación judicial de su padre.

Tras enterarse de los presuntos negocios en Suiza a través de fundaciones opacas, la Casa Real divulgó un comunicado el pasado 15 de marzo en el que Felipe VI comunicaba la renuncia a la herencia de su padre y la retirada de la asignación presupuestaria.

También se apuntaba que don Juan Carlos había designado a Javier Sánchez-Junco como abogado para ejercer su derecho de defensa y que sería él quien procedería a dar cuenta públicamente de las informaciones que le pudiesen afectar.

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