Jueza rechaza anular la investigación del 8M como pedían Fiscalía y Abogacía

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José Manuel Franco,

Madrid (EFE).- La jueza del 8M ha rechazado los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer, al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y negar que instruya una causa general.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid desestima los recursos de reforma contra tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo. Ahora las partes pueden recurrir a la Audiencia Provincial.

En líneas generales, la magistrada aprovecha para hacer una férrea defensa procesal de su investigación, duramente criticada por la Abogacía del Estado y en menor medida por el ministerio público, además de negar una causa general porque “el objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo” por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.

“Tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, en su condición de autoridad administrativa, con unas competencias determinadas legalmente sobre las concentraciones y manifestaciones que habían sido comunicadas a esa Delegación por celebrarse en la Comunidad Autónoma de Madrid, todo ello en relación con la crisis sanitaria”, añade.

En cuanto a Franco, descarta la indefensión porque ha tenido acceso a toda la documentación; aclara que no necesita motivar su citación como investigado y recuerda que sí que ha concretado los hechos que se le imputan desde el mismo auto que dio inicio al procedimiento, por lo que no suspende la declaración de mañana.

La jueza cierra filas también con el informe forense, del que reniega la Abogacía, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la “gravedad” de la situación de la epidemia pero la minimizaron.

Al respeto, destaca su “utilidad” pues “permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento (que es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)”.

El escrito hace hincapié en las “reticencias” del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a la hora de entregar la documentación reclamada reiteradamente por los investigadores, para justificar que dispusiera de plazo de entrega, cuando estos estaban suspendidos por la pandemia.

“La razón a esto (…) se encuentra en las demoras que algunos órganos oficiados transmitían a la Policía Judicial sin causa justificada y que los agentes trasladaban a esta instructora”, dice.

En un plano más técnico, deja claro que el estado de alarma “no ha objetado” la tramitación ordinaria del procedimiento, de manera que “no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada” y pone como ejemplo que su juzgado, con limitaciones, ha seguido tramitando todas sus causas.

Dicho de otro modo, el estado de alarma se limita a “suspender los plazos, no imposibilitar la tramitación de todo aquello que no esté sujeto a plazo”, y recuerda que “no ha sido derogado” el artículo de la Ley del Poder Judicial que señala que “todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial” y eso incluye los domingos, algo criticado también en los escritos.

Es más, destaca que esa suspensión de plazos “les ha beneficiado y en modo alguno les ha perjudicado” pues en la práctica han tenido “mucho más tiempo para recurrir y recuerda que la ley señala que “los recursos no suspenderán el curso del procedimiento”, como reclamó la Abogacía, a la que reprocha tal pretensión “a pesar del tener literal de la ley”.

En cuanto a las críticas por tramitar una causa que no aparenta urgencia, como insisten ambas partes, la magistrada defiende “que trata de impulsar los procedimientos de manera que no se demoren innecesariamente en el tiempo, especialmente, ante el previsible colapso judicial que se avecina”.  

Abogacía del Estado: Franco habría prevaricado si hubiera prohibido el 8M

La Abogacía del Estado ha pedido archivar la investigación de la manifestación del 8M al estimar que no se ha encontrado “el más mínimo indicio delictivo” y que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado.

En un escrito registrado en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid y en representación de José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la manifestación, la Abogacía vuelve a cargar contra la jueza y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.

“La instrucción tenía por objeto no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”, denuncia la Abogacía, que acusa a la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, de no haber practicado por sí misma “ni una sola diligencia de instrucción; todo ha sido encomendado a la Policía Judicial”.

La mayor parte del escrito se centra precisamente en desmentir el grueso de los informes de los agentes, de los que se desprende que el delegado del Gobierno en Madrid no debía haber autorizado la manifestación ante el riesgo de propagación del coronavirus.

Pero la Abogacía sostiene que Franco “actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias y según la información disponible en aquellas fechas” y ve “absurdas” las conclusiones de la Policía Judicial.

Sobre el informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) del 2 de marzo, base de la denuncia contra José Manuel Franco, destaca que la cancelación de eventos masivos en los que no se esperara la asistencia de un número significativo de personas procedentes de zonas de contagio, no era una medida recomendada para países en la situación epidemiológica de España el día 8. Solo Italia estaba en ese escenario.

El informe se aportó en inglés y la Abogacía apunta que “habría sido suficiente utilizar un traductor de los que se encuentran en internet (que es lo que ha hecho la Policía Judicial) para apreciar que toda la tesis del denunciante hacía aguas porque el informe no decía lo que el denunciante decía que decía”.

Pero a partir de esa denuncia, añade, se han llegado a los 2.000 folios de investigación “buscando lo que nunca ha existido: indicios de delito por desatender una recomendación que no existía”.

Tiene claro además la Abogacía que se ha hecho una “causa general” contra la gestión de la crisis sanitaria realizada desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, y afirma que la Policía Judicial “se extralimitó” al pedir documentación al centro que dirige Fernando Simón sin que se lo ordenara la jueza.

En una situación “enormemente dramática” se pidió información “no urgente ni inaplazable” y se llegó a criticar la tardanza en responder, intentando extender la sombra de la “ocultación” y la “sospecha” sobre un centro y una persona que, según la Abogacía, “han colaborado en la forma más diligente posible en una situación extremadamente crítica”.

Según el escrito, los “errores”, “imprecisiones” y “valoraciones técnicas huérfanas de sustento” de los informes de la Policía Judicial “desvirtúan” sus conclusiones, basadas en parte en noticias de medios sin contrastar con las fuentes y copiadas en algunos casos “de forma parcial y sesgada”.

“España adoptó las medidas recomendadas a cada uno de esos estados atendiendo al escenario epidemiológico existente en cada momento”, se subraya en el escrito, que recuerda también que la Comunidad de Madrid no alertó de ningún riesgo a la Delegación el Gobierno el 7 de marzo y que sus primeras órdenes con medidas restrictivas ante el coronavirus fueron dictadas a partir del lunes 9.

“La gestión de la crisis sanitaria por la Comunidad de Madrid, competente en materia sanitaria, cambió a partir del día 9 de marzo y no fue por haberse celebrado ya la manifestación del día 8 de marzo, sino por el incremento de los casos que se notificaron el día 9”, insiste.

La cancelación de otras manifestaciones o eventos, subraya la Abogacía, se debió a que se esperaba a asistentes procedentes de zonas de riesgo, a pesar de “los esfuerzos de la Policía Judicial por tratar de hacer ver oscuras maniobras”.

“No hubo ninguna mano negra por más esfuerzo que se haga en encontrarla”, concluye la Abogacía. EFE

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