Los testigos del 8M ratifican ante la juez lo que declararon ante la G. Civil

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Juzgados Plaza de Castilla.

Madrid, 11 jun (EFE).- Los testigos que han declarado este jueves ante la magistrada que investiga la celebración de actos el 8M han ratificado sus declaraciones incluidas en el informe de la Guardia Civil, en las que aseguraron que la Delegación del Gobierno de Madrid les recomendó cancelar los eventos que tenían previstos en días posteriores por el coronavirus.

Las ocho declaraciones previstas para la mañana de este jueves han transcurrido con normalidad ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, únicamente con algún cambio en los turnos previstos debido al retraso de alguno de los testigos, detallan fuentes jurídicas.

En la sesión vespertina han comparecido los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana y dos auxiliares administrativas, además del jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, quien ya declaró ante la Guardia Civil que la manifestación del 8M no se debería haber celebrado.

Muhzrram ha reiterado ante la juez que, en su opinión aunque no es virólogo, la protesta no se debería haber producido.

También han testificado Javier Gómez Ochoa, de la Federación de Construcción y Servicio, de Comisiones Obreras; Antonio García Edwards, de Anonymus for de Voiceless Animal Save; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja.

Tras las declaraciones, el abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, ha enfatizado que la sesión se ha desarrollado con “absoluta normalidad” y los testigos han ratificado las declaraciones que realizaron en su momento.

Vázquez ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa ya que entienden que los “hechos investigados sí son susceptibles de un delito de prevaricación”, ya que las competencias de Franco también incluyen el ámbito sanitario.

El abogado también se ha referido a los correos enviados antes del 8M por el departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno recomendando a sus empleados una serie de consejos para evitar contagios. “Los mandó -en referencia al jefe del área- a todos los correos de la Delegación”, ha afirmado.

Ayer, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguró durante su declaración como investigado en la causa que no había recibido ese correo.

El letrado de UO, asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha reconocido que todas las llamadas del departamento de Franco para persuadir a los convocantes a que no llevaran a cabo sus protestas se produjeron después del 8M.

Por su parte, Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja, ha incidido que entre el 12 y el 14 de marzo recibió llamadas de personal de la Delegación del Gobierno para que cancelará una “tractorada” convocada para el 24 de marzo.

Esta protesta iba a partir de Extremadura hasta la sede de la Vicepresidencia del Gobierno de Pablo Iglesias.

Ante la negativa a desconvocar esta marcha, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió no autorizarla a fecha del 16 de marzo por la pandemia del coronavirus. “Simplemente hemos venido a colaborar con la justicia”, ha añadido Metidieri a los periodistas que esperaban en la puerta de los juzgados.

Por la tarde será el turno de los convocantes de otras siete protestas en Madrid que recibieron llamadas de la Delegación del Gobierno para conocer si iban a desarrollar sus manifestaciones. Actos que finalmente fueron cancelados por la crisis sanitaria.

Los testigos del 8M niegan haber recibido presiones para suspender protestas

La jueza también ha escuchado a varios de los convocantes de manifestaciones para aclarar el contenido de esas conversaciones con los trabajadores de la Delegación y la mayor parte de ellos, a preguntas de la Abogacía del Estado, ha negado haber recibido presiones para desconvocar, han informado fuentes jurídicas.

“Interpreté que me invitaban a cancelarla. No me dieron la orden de cancelarla”, ha explicado a los medios Moisés Fernández, de CGT Madrid, al ser cuestionado por estas presiones.

En cambio, otros como Luis Concha del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, suspendieron sus actos un día antes de su celebración, el 11 de marzo, sin haber recibido comunicación previa de la Delegación del Gobierno.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, ha advertido a la jueza que la Guardia Civil hizo una “mala interpretación” de la declaración que prestó ante los agentes que la citaron.

“Según lo que se entendía (en el informe), yo había cancelado la protesta por una llamada, pero no era así”, ha precisado, al tiempo que ha explicado que la Delegación pidió que enviara un documento para confirmar la cancelación de la protesta.

También han rechazado haber recibido presiones María Teresa Martínez, de la plataforma Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe y Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón.

Otros comparecientes como Santiago de la Iglesia del sindicato Oficios Varios del Sur CGT ha reconocido haber recibido la llamada de Delegación del Gobierno para que se replantearan una protesta.

“Les dijimos que no la íbamos a cambiar pero al día siguiente al ver el estado de alarma entendimos que la participación iba a ser menor y la cancelamos por prevenir problemas”, ha explicado a los medios.

Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja, ha recordado que entre el 12 y el 14 de marzo recibió llamadas de personal de la Delegación del Gobierno para que cancelara una “tractorada” convocada para el 24 de marzo.

Ante la negativa a desconvocar esta marcha, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió no autorizarla a fecha del 16 de marzo por la pandemia del coronavirus. EFE

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