Más de 500 familias acuden a Defensor del Paciente por muertes en residencias

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Montehermoso residencia ancianos

Madrid, 18 jun (EFE).- La asociación El Defensor de Paciente ha recibido más de 500 demandas por fallecidos con la covid-19 en residencias de Madrid, Cataluña y Castilla y León y está analizando caso por caso para decidir si acuden a la vía penal o al contencioso-administrativo, con el objetivo de conocer “a los responsables y cómo y por qué han sucedido” las miles de muertes en estos centros.

En declaraciones a EFE, Carlos Salinero, uno de los abogados de los cinco bufetes con los que trabaja la asociación, ha explicado que algunos supuestos encajan en los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, pero hay otro que encuadran más en la jurisdicción contenciosa administrativa, en cuyo caso se interpondría una demanda por responsabilidad patrimonial.

Lo que se ha descartado es presentar una demanda colectiva, ha añadido el letrado, porque “queremos un trato personalizado, que se cuente la historia de lo que le ha pasado a esa persona fallecida en sus últimos de vida”.

“Muchos casos los estamos preparando para llevarlos ante la jurisdicción contenciosa administrativa que en su día resolverá la Audiencia Nacional y otros muchos irán por la vía penal. No puedes coger todos los asuntos y tratarlos de la misma manera, cada caso es distinto”.

De esta manera, “va a haber casos por omisión de socorro, que serán con tribunal con jurado, en los que ha habido un abandono total del residente; otros irán por homicidio imprudente y otros por contencioso administrativo (responsabilidad del Ministerio de Sanidad, de la comunidad autónoma respectiva y de las residencias ya sean públicas, privadas o concertadas)”.

 En cuanto a las últimas demandas archivadas por la Fiscalía de Madrid por la muerte de residentes, Salinero ha señalado que no conoce las razones de esa actuación –“quizá por el principio de intervención mínima del derecho penal pero no lo sé”- y ha señalado que ninguna de las demandas presentadas por su despacho han corrido esa suerte.

De todos modos, “esto acaba de empezar, habrá penales que se archiven y otras que no, dependerá del caso concreto. No se puede generalizar”.

Por otro lado, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha explicado a EFE que siguen llegando “muchísimos casos” a su organización, y lo más hiriente, según ha dicho, es que son fallecimientos registrados entre los meses de mayo y junio. “¿Ahora qué excusa hay?”.

Después de lo ocurrido continua habiendo “una falta de protección”, por lo que el Gobierno “tiene que intervenir”, ha recalcado Flores, en cuya opinión hay “cantidad de gente a la que han abandonado por no darles un tratamiento”.

“Unos han muerto porque no les han puesto un respirador, otros porque no les han llevado al hospital, otros porque les han dejado morir en la residencia, otros porque no tenían la covid-19 y no los separaron de los enfermos y han muerto. Hay un ramillete de casos muy distintos”, ha concluido. EFE

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