Madrid, 24 jun (EFE).- Antonio Burgueño, el ideólogo de la privatización hospitalaria fichado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ha admitido que los mayores de las residencias quedaron abandonados en la región y a su juicio en toda España y que los centros no se medicalizaron hasta el 6 de abril.
En una entrevista con El País publicada este martes, este asesor sanitario asegura que se limitó a dar consejos a la Comunidad de Madrid, para la que elaboró un plan con 270 tareas por el que no cobró y que él no ejecutó, ya que se apartó ante las críticas de los sanitarios.
Burgueño afea que el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (PP), no exigiera que él llevase a la práctica el plan diseñado en lugar de «empresas de tercera» y sostiene que en ese caso sería el propio Burgueño el «crucificado» y no el consejero, de quien dice que no sabe si dimitirá.
Además, defiende que de haber gestionado él podría haber llegado incluso a la cárcel porque «hay que tomar decisiones y alguna puede que no guste o que no sea racional», aunque apunta también que no sabe “cómo interpretarán los tribunales lo que ha pasado en todos los niveles gubernamentales”.
Añade que él planteó que los 3.000 médicos de primaria fuesen a las residencias de mayores pero que “la medicalización de las residencias no se llevó a cabo” porque “faltó jerarquía, rapidez y eficacia”, así como “dar órdenes y dar incentivos para que esos profesionales fueran y también, muy importante, la protección”.
Burgueño marca distancia con el papel jugado por su hija, Encarnación Burgueño, en la asistencia a las residencias, al frente de la Operación Bicho, el nombre con el que ella denominó la asistencia en residencias al frente de Cardio Líder, una marca comercial que no está registrada como empresa.
Con instrucciones del entonces director del Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur de Víu, Encarnación Burgueño coordinó al equipo de ambulancias de la empresa Transamed, que durante 12 días acudió a las residencias.
La Comunidad admitió el 6 de abril un «apoyo puntual», y entonces dijo que no tenía coste para el erario. Sin embargo, Burgueño hija prometió el pago a esta compañía, ahora en bancarrota por los gastos de esta operación.
El País desveló ayer conversaciones de ésta con el responsable de Transamed, en las que hablaba de la asistencia a “abueletes”, con la que flipaba “colorines” porque iba a poder cumplir su sueño de tener una empresa.
El gerente de las ambulancias, Eduardo Esteban Aragonés, denunció la falta de médicos antes de su llegada, la ausencia de morfina que provocaba agonía a los enfermos o cadáveres sin recoger.
Burgueño señala que, al publicarse en prensa la colaboración llamó a su hija para pedirle que dejasen de ayudar porque no tenían contrato y no les iban a pagar y dice no haber visto el protocolo que recomendaba no derivar a mayores que no pudiesen andar por sí solos.
Sobre su relación con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso asegura que sigue «hablando con todo el mundo» y que a quien menos conocía era a la presidenta. EFE
