Madrid, 25 ago (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés ha inadmitido y archivado la querella que presentó el 23 de mayo la plataforma Marea de Residencias el 23 de mayo por parte de familiares de usuarios de residencias de este municipio.
Tras valorar la resolución judicial, los abogados que colaboran con Marea de Residencias han decidido recurrirlo ante la Audiencia Provincial de Madrid, ha anunciado este martes en una nota de prensa esta plataforma, que agrupa a familiares, trabajadores y personas concienciadas con la defensa de unas residencias «dignas» y 100 % públicas.
Las querellas se presentaron contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y el consejero de Justicia, Enrique López, en este último caso por su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia, Interior y víctimas que se celebró el 20 de abril.
La Marea de Residencias señalaba en la querella que López afirmó que las residencias estaban medicalizadas, y que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque «eran competencias del Gobierno central».
«Una falsedad a juicio de los familiares denunciantes, porque el decreto de estado de alarma dejaba claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid», añadía.
Entre los delitos de los que las familias acusan a los dos consejeros y a Díaz Ayuso figura el de lesiones imprudentes por «la omisión del deber de socorrer a los residentes, que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave, y no de adoptaron medidas», según constaba en la querella.
También les atribuyen un delito de trato degradante, argumentando que en la situación que atravesaban las residencias, «a las familias apenas se les informa sobre su estado, cuando se hace ello tiene lugar con total falta de transparencia y sin transmitir información vez, toda vez que la proporcionada es incorrecta e incompleta».
Los querellantes sumaban además un delito de prevaricación por considerar que el plan de choque para las residencias de la Comunidad de Madrid «debió adoptarse mucho antes».
Entre otros motivos, en el recurso se alegará la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al imposibilitar a los querellantes iniciar una investigación judicial sobre el fallecimiento o contagio de sus familiares, adelanta la Marea en el comunicado.
Así mismo, la plataforma ha anunciado este martes que presentará el próximo jueves otra querella contra los consejeros Enrique Ruiz-Escudero, Enrique López y Alberto Reyero y directores de residencias públicas y privadas por delitos contra los derechos de los trabajadores.
La nueva querella se presentará el próximo jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con querellantes que son trabajadoras de residencias situadas en la Comunidad de Madrid.
La Marea de Residencias presentará la querella el próximo jueves ante el TSJM ( C/ General Castaños 1) donde los abogados/as y una delegación de miembros de Marea de Residencias y de las trabajadoras querellantes atenderán a los medios.
La Fiscalía, por su parte, mantiene abiertas más de 220 investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia del coronavirus, más de la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid.
Más allá de las diligencias penales, el ministerio público también ha impulsado alrededor de 180 investigaciones de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y centros de mayores. EFE
