Agencias.- El exministro Rodolfo Martín Villa ha defendido hoy su inocencia ante la jueza argentina Maria Servini por la muerte de 12 personas entre 1976 y 1978 cuando formaba parte del Gobierno, al manifestar que «es imposible que hubiese un genocidio en la Transición», un acusación que le parece «monstruosa».
Martín Villa ha comparecido esta tarde ante la jueza por vía telemática desde el Consulado de Argentina en Madrid para responder ante las acusaciones que pesan sobre él. Se trata de la declaración de más alto rango que un exdirigente franquista ha realizado ante la Justicia por crímenes derivados de la Transición.
«He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio», ha manifestado a la jueza, según afirman a Efe fuentes de su defensa, que subrayan que ha declarado voluntariamente «para hacer frente a las falsedades de la querella argentina».
Rodolfo Martín Villa declaróeste jueves en el consulado de Argentina en Madrid. Por fin se verá las caras con la jueza Servini, que intentó detenerle en 2014 y que lo investiga por «crímenes de lesa humanidad» .
Los querellantes -familiares y amigos de las víctimas policiales- le acusan de haber orquestado «un plan para aterrorizar y eliminar físicamente» a quienes apostaban por la llegada de las urnas.
El exministro del Interior reseñará ante la jueza que su voluntad «siempre ha sido declarar»: «No ha querido protegerse con la ley de amnistía de 1977 ni ampararse en la prescripción de los hechos. Tampoco en el rechazo del Gobierno español a extraditarle».
El comienzo
Aquella orden de detención de octubre de 2014 se circunscribió a la conocida como «masacre de Vitoria», acaecida el 3 de marzo de 1976. Cinco personas murieron a manos de la policía durante el desalojo de una iglesia.
Los querellantes responsabilizan a Adolfo Suárez -ministro de la Gobernación interino porque Fraga estaba en Alemania-, Alfonso Osorio -ministro de la Presidencia- y Martín Villa -ministro de Relaciones Sindicales- de haber diseñado un «operativo represivo». Los dos primeros fallecieron.
Después de la primera orden de detención, la acusación se amplió a seis muertes datadas entre 1976 y 1977, todas ellas ya con Martín Villa como responsable de los cuerpos de seguridad del Estado.
En agosto de 2019, el juzgado argentino extendió las diligencias a los sanfermines de 1978, donde un joven fue disparado y matado por la policía. Martín Villa compareció en el Congreso para dar explicaciones.
El exministro del Interior reseñó ante la jueza que su voluntad «siempre ha sido declarar»: «No ha querido protegerse con la ley de amnistía de 1977 ni ampararse en la prescripción de los hechos. Tampoco en el rechazo del Gobierno español a extraditarle».
