Madrid no recurrirá la anulación de la venta de viviendas públicas a un fondo buitre

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Tribunal Supremo, Madrid

Madrid (EFE).- La Comunidad de Madrid no recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del Supremo (TS) que ratificó la anulación de la venta en 2013 de 2.935 viviendas públicas del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo Azora-Goldman Sachs, han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional.


En una sentencia del 9 de marzo pasado, el TS inadmitió un incidente de nulidad presentado por la Comunidad ante otro fallo previo del Alto Tribunal, que inadmitía un recurso de casación planteado por el Gobierno madrileño para frenar la nulidad de la venta de dichas viviendas públicas al fondo de inversión, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).

La adjudicación, por 201 millones de euros, que comprendió 32 promociones inmobiliarias, fue anunciada el 29 de agosto de 2013 por el antiguo Ivima sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la transmisión de la propiedad de sus viviendas.

Madrid también recurrió un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba la comunicación del Ivima, en relación con la enajenación de las viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora y la transmisión de la propiedad de los inmuebles a Encasa Cibeles.

El recurso ante el Constitucional era la última petición de amparo que le quedaba a la Comunidad de Madrid en este caso.

Este martes, las fuentes de la Comunidad de Madrid han dicho que, según los términos de la sentencia del TS de marzo pasado, el Gobierno regional debe indemnizar al demadante, el inquilino de una vivienda de Navalcarnero, y no a los demás.

Desde la Comunidad añaden que ya se han vendido 1.213 viviendas de las 2.935 que incluyó esta operación, en la que hay distintos procedimientos judiciales abiertos a instancias de otros afectados.

La sentencia que anuló en primer lugar la enajenación de las viviendas y que luego ratificaron el TSJM y el TS dejaba “sin efecto alguno” la venta a Azora, estimando que “el acuerdo de adjudicación no se ajusta a Derecho”, y anulaba la transmisión del contrato de arrendamiento del demandante al fondo de inversión.

A este respecto, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Quique Vilalobos, ha dicho a Efe que la Comunidad de Madrid actúa “de forma torticera y mentirosa al interpretar una sentencia que dice con claridad meridiana que absolutamente toda la venta está anulada en tanto que fue realizada en bloque”.

Según la FRAVM, “desde el principio del conflicto judicial, la Comunidad de Madrid ha intentado dilatar el cumplimiento de las sentencias judiciales, en contra de gente humilde que no tiene recursos para defenderse, haciéndoles imposible la vida con todos los medios en sus manos”.

En una nota de prensa remitida este martes, la FRAVM y las familias afectadas piden a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que negocie “cuanto antes” la recuperación de las viviendas del IVIMA vendidas a Goldman Sachs.

“En un momento de crisis económica como el actual, el Gobierno regional debería proteger especialmente a las familias más vulnerables, y restituir cuanto antes los derechos de los hogares damnificados por la operación de venta como legales adjudicatarios de vivienda pública y protegida”, dice la FRAVM.

La FRAVM y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) consideran que al desechar la opción del recurso de amparo, la Comunidad de Madrid “está obligada a asumir el resultado de varias sentencias” del TSJM y del Supremo, “que dan la razón a una familia de Navalcarnero, la de Rachid Bouikou, y declaran nula la vergonzosa operación de enajenación de viviendas de protección pública que tuvo lugar en 2013”.

La FRAVM y la AVVI dicen que la Comunidad de Madrid “está obligada a iniciar la recuperación de los 2.935 pisos de 32 promociones del IVIMA que Ignacio González malvendió entonces al fondo buitre Goldman Sachs y a restituir los derechos de sus legales adjudicatarias como familias beneficiarias de vivienda pública”.

También han reaccionado a la noticia los grupos parlamentarios de la Asamblea: la portavoz de Vivienda del PSOE, Cristina González, ha reclamado la paralización inmediata de los desahucios y “el cumplimiento urgente de la sentencia para todas las viviendas sociales”.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha acusado a la Comunidad de hacer “todo lo posible por estirar el chicle”, y le ha recordado a Ayuso, quien se ha comportado a su juicio “como si fuera la consejera delegada del fondo buitre”, que “no le queda otra opción que recuperar esas viviendas”.

Y la diputada de Unidas Podemos Carolina Alonso ha reprochado a Ayuso que quiera obviar el “mandato judicial” en vez de “admitir la demanda colectiva” y “deshacer este daño causado a 3.000 familias”. EFE

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