Bruselas subraya el «desafío» de la renovación del Poder Judicial en España

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Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial.​

Agencias.- La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los «desafíos» más importantes que señala la Comisión Europea (CE) para España en el primer informe sobre el Estado de Derecho en sus Veintisiete estados miembros.

La renovación del órgano de los jueces es uno de los retos que figura, en el caso de España, en el primer informe que está previsto que publique este miércoles la Comisión sobre el Estado de Derecho en sus Veintisiete miembros, y a cuyo borrador ha tenido acceso.

La relación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado figura también entre las cuestiones a mejorar en España, donde –añade el informe– «es objeto de debate, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato de la oficina del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con la Ministro de Justicia». Así se hace eco de las críticas y la «discusión» ralacionadas con la independencia de este órgano.

Esta es la primera vez que la Unión Europea (UE) evalúa la calidad del Estado de derecho de sus socios, con Polonia y Hungría en el punto de mira, con el objetivo de detectar cualquier deriva antidemocrática y con la voluntad de tener una periodicidad anual.

El informe sobre España, en el que no se menciona el conflicto catalán, hace observaciones, además de sobre el funcionamiento del sistema judicial, sobre la legislación y las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático, pero no hace una evaluación general del Estado de Derecho en el país.

El informe constata que el CGPJ está pendiente de renovación desde hace casi dos años; que su presidente, Carlos Lesmes, cree que esta «anomalía institucional» puede desacreditar al órgano, y que el Consejo de Europa reitera la «importancia» de asegurar que no sea percibido como un órgano «susceptible de politización».

El Ejecutivo comunitario considera mejorable también el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado en España, y cree que la coincidencia de su mandato con el gobierno de turno puede «afectar a la percepción de independencia».

También pide más transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y el ministerio de Justicia, aunque la legislación no obliga a hacer públicas sus comunicaciones.

Por contra, el informe destaca que España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción, pero echa en falta una estrategia «general» para combatirla y subraya que la percepción de los ciudadanos sobre su existencia está generalizada y es superior a otros países europeos.

En cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, así como el derecho a la información, el informe destaca que está garantizada en la Constitución, pero subraya que mientras que «los sectores de la televisión y la radio están sujetos a requisitos de transparencia de la propiedad, no es el caso del sector de la prensa escrita».

El documento registra las «preocupaciones» que suscita la nueva legislación sobre seguridad pública, que «supuestamente restringe la libertad de información y libertad de expresión».

Las amenazas contra los periodistas son particularmente preocupantes en Bulgaria, Croacia, Hungría, Eslovenia y España, según el informe que analiza cuatro cuestiones en los 27 países de la UE: los sistemas judiciales, la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y los controles y equilibrios en general.

El CGPJ aprueba unido nuevos nombramientos entre críticas y presiones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles seis destacados nombramientos en el Tribunal Supremo y lo ha hecho mostrando su unidad frente a críticas y presiones para que no designara nuevos cargos mientras no se renueve la institución, en funciones desde hace casi dos años.

La mayoría del sector progresista ha decidido sumarse al consenso y sólo dos de los veintiún miembros del órgano de gobierno de los jueces -Álvaro Cuesta, vocal nombrado en 2013 a propuesta del PSOE, y Concepción Sáez, propuesta por IU- han votado en blanco en el pleno.

Han dado ese paso cuando desde Bruselas, en su primer informe sobre el Estado de derecho de los Veintisiete, la Comisión Europea advertía de que la falta de renovación del CGPJ es uno de los «desafíos» más importantes que afronta España.

Con 19 votos a favor y dos en blanco ha elegido como nuevos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo al magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado; al presidente de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Javier Hernández; y al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Leopoldo Puente, ha informado el CGPJ.

Con mayorías similares ha designado tres nuevos presidentes de sala del Supremo, cargo al que por primera vez en los más de doscientos años de la institución accede una mujer, María Luisa Segoviano.

Hurtado presidió el tribunal del caso Gürtel, se opuso a citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como testigo y emitió un voto particular en el que rechazaba condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

Se encuadra en el sector conservador de la judicatura, como el magistrado César Tolosa, nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la encargada de estudiar los recursos contra los actos del Gobierno.

Pero cuatro de los seis nombramientos en el alto tribunal acordados hoy por el CGPJ se enmarcan en posiciones consideradas progresistas.

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