Juez pide buscar a Foster en Suiza para testificar por Campus de la Justicia

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Norman Foster

Madrid, 28 oct (EFE).- El juez que investiga supuestas irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) ha pedido a Suiza localizar al arquitecto Norman Foster para citarle como testigo «con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer».

En caso de ser localizado y «no comparecer al primer llamamiento», el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata solicita que se proceda a su detención, «al objeto de ser conducido por la fuerza pública» al lugar donde se fije su comparecencia, que se pide que sea por videoconferencia.

El magistrado adopta esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, tras haberse dirigido el pasado marzo con el mismo fin a Reino Unido cuyas autoridades dijeron que Foster «al momento actual se encuentra en su residencia de Suiza y, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y, a las medidas de cuarentena, no le es posible desplazarse al Reino Unido».

Pero el juez indica que Foster se encuentra en paradero desconocido, y al haber sido infructuosas «las gestiones realizadas para la averiguación de su domicilio», pide que se proceda a su localización para poder citarle el próximo 14 de diciembre, algo que hoy está un poco más cerca tras las declaraciones de sus abogados.

Porque el arquitecto está «comprometido y disponible para ayudar», según indicó a Efe el estudio Foster + Partners, que aseguró estar en contacto con las autoridades españolas «para que eso suceda» porque la firma «ha estado ayudando a las autoridades en su investigación como testigos para la fiscalía».

«Continuamos colaborando activamente con el tribunal para contribuir en sus pesquisas», pero «nuestros esfuerzos se han visto frustrados por las restricciones del coronavirus», puntualizó la firma.

La declaración de Foster se antoja relevante en relación al proyecto del Campus en el que el juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para su construcción, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid. De ellos, se pagaron 91,7 millones.

Recuerda el juez, que en abril de 2006 firmaron un Memorándum de Acuerdo, CJM y FOSTER PARTNERS LIMITED, para la Redacción del Proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia.

Al Memorándum se incorporaba un Proyecto de construcción de ambos edificios de 179.6 millones de euros, sobre el que se calculan los honorarios de FOSTER PARTNERS, 11.6 millones, a los que se añade en concepto de gastos un 15% sobre el montante total de honorarios.

De acuerdo con la documentación facilitada, el importe global del contrato ascendía a 13.317.653 euros (incluyendo gastos), indica el auto.

Más tarde, prosigue, «ambas partes firmaron de común acuerdo el Acta de suspensión el 2 de marzo del 2009, aplicando como fecha de suspensión del contrato el 29.10.2008 cuando el importe total facturado por FOSTER AND PARTNERS ascendía a 10.621.809,06 euros (incluyendo gastos)».

En el memorándum se establecía que en caso de rescisión del contrato Foster Partners podría cobrar el 10% del montante que restara por facturar en ese momento «para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados».

Según consta en el análisis de las cuentas bancarias, Campus de la Justicia pagó a la empresa de Foster 13.777.335 euros, «produciéndose el último movimiento bancario en enero de 2009, tres meses después de la suspensión del contrato»

Además, «en la certificación de octubre del 2008 se acredita que los trabajos realizados totalizan importe de 10.621.807,84 euros».

Esta causa cuenta con ocho imputados entre ellos el exconsejero madrileño de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, y el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

Los ocho están siendo investigados por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos societarios y conexos en relación con distintas prácticas realizadas por la Sociedad mercantil Campus de la Justicia SA.EFE

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