Audiencia reabre causa contra detectives que espiaron a víctima de La Manada

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Sede de la Audiencia Provincial de Madrid.

Madrid, 28 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa contra los dos detectives que presuntamente espiaron a la víctima de La Manada y que fueron contratadas por la defensa de uno de los condenados para probar que la joven hacía vida «normal» tras la violación.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe este miércoles, la Sección 15 estima el recurso de la abogada de la joven y revoca el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Instrucción 40 de Madrid, que entendió que no se cometió un delito de delito de revelación de secretos y contra la intimidad personal porque los detectives recabaron datos en lugares públicos.

Pero los magistrados de la Audiencia sí aprecian «indicios de delito» en la actuación de los detectives, por lo que acuerdan «continuar con la instrucción de la causa».

Este procedimiento se abrió a raíz de una denuncia de la víctima de La Manada, cuyos agresores fueron condenados en 2019 a 15 años de prisión por el Supremo por un delito continuado de violación.

Su defensa denunció a los detectives de la agencia Cassol que fueron contratadas por la madre de uno de los condenados, el militar Alfonso Cabezuelo, para elaborar un informe que se unió al procedimiento por la agresión sexual, aunque luego se retiró, en el que se acreditaba una vida «normal» de la joven.

Pero los magistrados dicen que «no solo accedieron a la identidad y domicilio de la víctima, que debía de estar protegido por el secreto sumarial, sino que en el curso de la investigación accedieron a ‘chats’ privados de esta, y en la piscina de su domicilio, sin el consentimiento debido, tomaron instantáneas de la misma».

Y añaden que «la víctima debería de haber sido protegida en su intimidad y dignidad, durante la sustanciación del proceso, y por quienes tienen la obligación legal de garantizar esa protección».

«Esa responsabilidad puede alcanzar también, a quien teniendo conocimiento de las informaciones existentes en el expediente procesal, hacen un uso ilegítimo de las mismas, para atentar contra los bienes personalísimos de esta», señalan los magistrados.

Estos detectives siguieron a la víctima durante el verano de 2016, cuando ella trataba de recuperar su vida tras la agresión, y dejaron escrito que «fuma, sale de marcha y toma café con los amigos» y «lleva una vida propia de una persona de su edad».

La letrada de la joven denunció que los seguimientos no se limitaron a espacios públicos, sino también en el ámbito privado de su familia y amigos, de manera que se vulneró su derecho a la intimidad y su libertad de movimientos. EFE

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