El PSOE denuncia «opacidad» y «presiones» en los pagos a la sanidad privada

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Asamblea de Madrid

Madrid, 31 dic (EFE).- El grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha denunciado «opacidad» por parte de la Consejería de Sanidad, así como «presiones» al Gobierno regional en relación a los pagos a la sanidad privada por atender a miles de pacientes derivados desde hospitales públicos durante el estado de alarma.

«La Comunidad de Madrid está actuando con mucha opacidad y secretismo a la hora de pagar a la sanidad privada madrileña la atención prestada durante la fase aguda pandemia a pacientes de la sanidad pública», según el portavoz de sanidad del PSOE, José Manuel Freire.

Así ha reaccionado tras conocer este jueves que la Consejería de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con la patronal de la sanidad privada para el pago de las derivaciones de pacientes de centros públicos a 33 hospitales y clínicas privadas durante el estado de alarma, por un importe de al menos 20 millones de euros.

Además de su falta de transparencia, el Gobierno regional «también está actuando con lentitud. Nos consta que habido grandes presiones por parte del sector privado, involucrando incluso a la presidenta Díaz Ayuso y tratando de puentear a los directivos sanitarios», ha asegurado Freire.

«Pensamos que hay que pagar pronto lo que se debe, pero el importe de esa deuda ha de ser conocido, con transparencia y datos concretos para la opinión pública, y dando cuenta de ello a la Asamblea de Madrid», ha añadido.

El grupo Socialista registró el 24 de noviembre una pregunta escrita al Gobierno regional al respecto, después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, informara en el pleno del 12 de noviembre del inicio de las gestiones para pagar por la asistencia prestada por la sanidad privada del 15 de marzo al 30 de junio.

En este periodo, y tras el Real decreto de 14 de marzo que establecía el estado de alarma, el Ministerio de Sanidad ponía a disposición de cada comunidad «los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal» y las mutuas laborales, bajo un mando único que en la Comunidad de Madrid permitió contar con más de 6.000 camas y 400 puestos de UCI.

En concreto, Ruiz Escudero aseguró ante el pleno que «se habían iniciado los procedimientos administrativos para el resarcimiento de daños y perjuicios» a que tienen derecho los centros privados como consecuencia de la puesta a disposición de sus instalaciones y personal.

Sin embargo, el Gobierno regional sigue sin contestar a la petición de datos registrada por el grupo Socialista, concluye Freire. EFE

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