Gobierno declara zona catastrófica a Madrid y el resto de territorios afectados por Filomena

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EFE.- Tal y como solicitaban al ejecutivo la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha formalmente que se declarara esta emergencia para poder paliar con fondos todos las pérdidas y destrozos que provocó Filomena.

Aunque al principio no parecía que el Gobierno español estuviera de acuerdo, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, lo que antes se llamaba ‘zona catastrófica‘ para todos los territorios afectados por la borrasca ‘Filomena’.

El Ayuntamiento de Madrid estima en al menos 1.398 millones de euros los daños causados por el temporal Filomena en la capital.

La petición se realiza al amparo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé, cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas en su capítulo V, previa declaración de la misma de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 23.

El Gobierno declara zona catastrófica en 8 comunidades afectadas por Filomena

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil -actual denominación de la zona catastrófica- afecta a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra, según esas fuentes.

El Ejecutivo ha tomado esta medida tras una primera valoración de los daños, si bien se pueden ampliar los territorios afectados según avance el estudio de esos perjuicios.

El acuerdo también contempla ayudas destinadas a paliar daños personales, en concreto los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por el temporal de nieve y frío y que están reguladas en el Real Decreto 307/2005.

En esta norma se contemplan igualmente las ayudas a personas físicas o jurídicas que, a requerimiento de algún organismo de la Administración General del Estado, hayan prestado recursos personales, materiales o bienes para las labores de superación de las consecuencias del temporal.

Asimismo, las corporaciones locales podrán ver resarcidos los gastos acometidos para hacer frente a la situación de emergencia y subvencionadas aquellas actuaciones inaplazables realizadas para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

El acuerdo establece una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste a los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.

A los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les da competencia para desarrollar, si procede, las medidas de carácter laboral para que, en el caso de que una emergencia de protección civil provoque extinciones o suspensiones de contratos de trabajo o reducciones temporales de la jornada laboral, estos serán considerados producto de una situación de fuerza mayor.

De esta forma, en los casos de extinción del contrato laboral, las indemnizaciones de los trabajadores podrán correr a cargo del Fondo de Garantía Salarial con los límites legalmente establecidos.

Además, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá autorizar que el tiempo de paro no compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos y podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.

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